REIVINDICACIÓN JUSTA

En los Presupuestos Generales del Estado, que el gobierno pretende que le ayuden a aprobar, se incluye una subida de las pensiones mínimas y eso no es lo que se espera , no, no es eso. Eso es un parche,  un engaño efectista, y sin embargo si es una subida de pensiones, pero NO de todas las pensiones.

No es esa la respuesta que esperan los cientos de miles de pensionistas que se han manifestado en todas las ciudades de España, esa clase de medidas oportunistas, suenan bien, ¿a quién le va a molestar que se mejoren unas pensiones de 484,10 euros mensuales? No,  no le molesta a nadie, al contrario lo que nos gustaría es que se duplicara esa cantidad, como mínimo.

Pero la demanda de los pensionistas y de la sociedad en general va en otro sentido, de lo que se trata es de recuperar el derecho a la actualización de las pensiones  en función del desvío que haya sufrido en el transcurso de un año el Índice de Precios al Consumo, derecho perdido con los recortes provocados por la crisis económica ¿pasada?, que cada vez está más claro con qué fines fue provocada y en interés de quién o de quiénes. Los resultados están aquí y todo el mundo sabe quién ha salido ganando. ¡Qué ridícula queda ahora aquella excusa de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades! Y qué poca vergüenza hay que tener para propagar ese discurso a los cuatro vientos hasta que la gente se lo creyera, sabiendo que al final iban a desmantelar el estado de bienestar, con tanto esfuerzo conseguido. Al final las clases trabajadoras y las clases medias en general han pagado el pato porque, hablando en castizo, no solo han salido “cornudas” sino también “apaleadas”.

Para que se entiendan mejor estas reivindicaciones de los pensionistas conviene que se conozca cómo va esto de las pensiones, a ver si puedo yo misma explicarlo de manera clara:

En el cálculo de una pensión intervienen varios  factores: las bases de cotización, los años cotizados y la edad de la persona que se va a jubilar, o bien, el grado de invalidez de quién pretende obtener pensión de incapacidad.

Actualizando las bases de cotización mediante un factor multiplicador obtenido de los  índices de precios al consumo de cada año y aplicando una complicada fórmula matemática se obtiene una base reguladora, a la que se aplicará un porcentaje determinado en función de los años cotizados o el grado de incapacidad en su caso. Así se obtiene una pensión inicial (PI) que será inamovible para el resto de su vida y será revalorizada anualmente, siendo asimismo la suma de las sucesivas revalorizaciones (SR)  parte de la pensión en el futuro, y por tanto también será intocable.  Las leyes que regulaban las revalorizaciones garantizaban que las pensiones subirían cada año según el desvío sufrido por el Índice de Precios al Consumo  (IPC), siempre que este fuera positivo. Pero llegó la crisis y el gobierno aprovechó la coyuntura para hacer su reforma, suprimiendo ese derecho en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, dejando la actualización de las pensiones en manos del criterio o conveniencia de los gobiernos cada año, lo que no es garantía en absoluto. Y la devolución de ese derecho es lo que está pidiendo la sociedad actualmente. Con la normativa actual las pensiones se quedan atrás en la evolución de la economía y cada vez se empobrecen más los pensionistas y eso no debemos de consentirlo, se nos debe mucho a los trabajadores de los últimos cuarenta años, tanto como haber costeado a toda la Seguridad Social con nuestras cuotas, qué menos que respetar nuestro bienestar.

Sabemos pues que una pensión se compone de Pensión Inicial más Suma de Revalorizaciones (PI +SR) y esta suma no puede ser inferior a una cuantía establecida cada año como Pensión Mínima para las de su clase por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado anuales, en las que se fija también el Salario Mínimo y, consecuentemente las Bases Mínimas de Cotización.

Cuando la suma de pensión inicial y las revalorizaciones acumuladas no alcance le pensión mínima establecida, se añade un complemento que la garantice. Este es el llamado Complemento por Mínimos. La pensión entonces se compone de tres factores: Pensión Inicial + Suma de Revalorizaciones + Complemento por Mínimos. Este complemento tiene carácter No Contributivo (no se ha pagado por él) y al contrario que la pensión inicial y las revalorizaciones, no tiene carácter consolidable, es incompatible con las rentas del pensionista y con otras pensiones, y además es absorbible por futuros ingresos, o sea que se puede perder  y hay que justificarlo año tras año.

Bueno, pues las pensiones que el gobierno anda pregonando que va subir lo más grande son estas que tienen complementos por mínimos,  y eso está bien, pero no es garantía de nada, se necesita contar con una actualización anual segura y para todos los pensionistas, como ha sido siempre. Y eso es lo que hay que exigir.

MENTIRA, MENTIRA, MENTIRA

Que no se nos engañe, ni a los pensionistas, ni a los ciudadanos ni a nadie, que no se nos mienta más, que no somos tontos. ¿Qué es eso de que se va a subir a  "nosecuantos" millones de pensiones un 2%?

Que si , que está bien que se revaloricen un poco más las pensiones mínimas y las pensiones mínimas de viudedad, pero que no es eso lo que se está exigiendo por parte de los pensionistas que se tiran a la calle a protestar, que de lo que se trata es de que se suprima la norma por la que se ha dejado sin efecto la obligatoriedad de actualizar  las pensiones en relación directa con el desvío del Índice de Precios al Consumo (IPC) de cada año, que estuvo en vigor hasta la reforma introducida por la Ley23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones.

Que no confundan al personal con la subida de las Pensiones Mínimas (PM), que por supuesto que deben de ser actualizadas, de igual forma que las otras o más si cabe, nadie quiere un país de pobres, pero que no se olvide, que para obtener las pensiones hay que cotizar y según el tiempo de cotización y la cuantía de las bases la pensión será mayor o menor, y si se ha cotizado poco y por poco dinero sale una pensión pequeña que hay que incrementar con un complemento para alcanzar la cuantía mínima de pensión para las de cada clase y  en cada ejercicio anual. Y ese complemento tendrá carácter No Contributivo y con el vienen jugando los sucesivos gobiernos haciendo creer a los ciudadanos que esas son todas las pensiones, y no, no señor, esas son las pensiones mínimas que es su obligación actualizar y equiparar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), teniendo por sabido que no es posible mantener una familia con esas cuantías ridículas. Y tanto el SMI como a las Pensiones Mínimas  tienen que ser dignos, y la gente tiene que poder vivir con ellos, lo contrario será injusto y en eso es en lo que se tiene que gastar el dinero, en dignificar a las personas.

Pero lo que se demanda y además se debe de exigir, es que por ley se garantice la actualización de las pensiones con un porcentaje igual al desvío del IPC de cada año. Eso como garantía de que los pensionistas no vean reducido su poder adquisitivo año tras año, porque ellos y sus empresarios han pagado religiosamente sus cuotas, o sea, que su pensión la han pagado por ese sistema de ahorro obligatorio durante muchos años, que  es un derecho que tienen, porque ellos  han costeado el Sistema de Seguridad Social desde el primer día que han trabajado y hasta el último, que no hay nadie que deba tener potestad sobre sus ingresos, porque no es una limosna ni una dádiva, es su dinero que se ha ido guardando y revalorizando al pasar los años. Y los que tienen las pensiones altas es porque han pagado mucho y por muchos años y los que su suerte no ha sido la misma y sus pensiones son inferiores, gracias al sistema de reparto y solidaridad previsto, deben de ser atendidos igualmente por una Seguridad Social que ellos también han mantenido, en la medida de sus posibilidades.

Y, de ninguna manera, pero de ninguna manera, debemos de consentir las personas de este país que se nos trate como si fuéramos  idiotas con propaganda engañosa, que no, que subir las pensiones mínimas o rebajar los impuestos a un colectivo de pensionistas no es actualizar las pensiones. Que no, que no hay que bajar impuestos, que esa es otra propuesta-engaño, que hay que distribuir mejor los recursos y hay que reducir el gasto en las partidas que no benefician a la mayoría contribuyente. Y que no tiene nada que ver la rebaja de impuestos con la retribución de unos pensionistas que se compraron su pensión mes a mes durante toda su vida laboral. Que las pensiones se pagan con los ingresos de la Seguridad Social, y si ahora es deficitaria, para cuando ha tenido superávit, que complemente el estado si algo falta que es el que más se ha beneficiado de la riqueza que los trabajadores han generado.

Y a los tertulianos, políticos, periodistas, voceros y demás opinadores, que se documenten y no hablen sin saber, que no confundan a la gente, que se busquen quién se lo explique, que hay muchos funcionarios especializados y muchos economistas y profesionales que saben cómo funcionan las cosas, y la propaganda electoral que la hagan a base de explicar los proyectos y justificar las acciones, pero que no engañen, que vamos a tener que constituirnos en Comité de Desmentimiento de Ministros y Candidatos (CDMC). En esta rama concreta,  ofrezco mi asesoría si la necesitan.

Las Medidas

Con conocimiento de causa puedo decir que es sumamente grave el hecho de que el Gobierno actual haya pensado en reducir el gasto partiendo de la reducción de los sueldos de los funcionarios y congelando las pensiones. Y no solo es grave por la pérdida de poder adquisitivo que supone a ambos colectivos, sino porque se crea así un peligroso precedente de desprecio a los derechos adquiridos que nos deja a todos desprotegidos, digo todos porque, más tarde o más temprano, pensionistas podemos ser todos.

En los últimos treinta y cinco años todos los gobiernos han ahorrado en los sueldos de los funcionarios, unas veces por unos motivos y otras por otros, han congelando sus sueldos los gobiernos de la UCD, del PSOE y los del PP. Para igualar categorías o para unificar colectivos, o por cualquier excusa, siempre se ha recurrido al mismo bolsillo. Los sindicatos han hecho sus esfuerzos para tratar de impedirlo, pero nunca han tenido mucho éxito .Así se ha llegado a la realidad actual en la que el funcionario, aunque tiene el privilegio de tener un trabajo estable, es uno de los trabajadores peor pagados del panorama laboral. Una cosa por otra.

Pero, a pesar de todo esto, nunca se ha llegado a la tropelía de rebajar el sueldo base y la antigüedad de un trabajador de la función pública, esto es un ataque frontal a la garantía de los derechos de las personas, y los sindicatos tienen su ocasión de oro para demostrar para quien trabajan, si no lo han hecho antes, ya pueden hacerlo ahora.

La gravedad de la medida llega a términos peligrosos en el caso de la congelación de las pensiones, que desde el año 1956 se han venido revalorizando regularmente, alcanzando nivel de obligatoriedad a partir de la Ley General de la Seguridad Social ( Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 junio), que en su articulo 48 establece la revalorización anual de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo acumulado en cada ejercicio anual, para garantizar la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.

Es lamentable que un gobierno socialista haya propuesto una medida como esa, que destruye el principio de garantía otorgado por la norma legal mencionada. Confiemos en que los sindicatos y demás fuerzas sociales se organicen bien para impedirlo, recurriendo a los tribunales, a la calle o a lo que haga falta, porque se corre un riesgo impensable hasta ahora legitimando una medida que nos deja desprotegidos a los ciudadanos ante todos los gobiernos futuros.

Se van a ir, porque después de esto se van a ir, dejándonos a los pies de los caballos y con el culo al aire. Peor imposible.

LA JUBILACION

El revuelo que se ha formado con la propuesta del Gobierno en materia de jubilación ha sido mayor que el que se formó cuando se aprobó el Estatuto Marco del personal sanitario de los Servicios Públicos de Salud. En ambos casos ha habido una amplía contestación en contra por parte de los futuros afectados, esto a pesar de que las propuestas de cada uno de ellos son totalmente opuestas: si en el primer caso se propone el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, en el segundo se decretó la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años una vez alcanzados los 35 años de cotización. Ni en un caso ni en el otro el personal ha quedado contento, ni unos quieren esperar dos años más, ni la mayoría de los otros quieren irse tan pronto, lo que lleva a la comprensión de que se trata de una materia tan compleja que es necesario hacer un auténtico ejercicio de reflexión para acometer cualquier cambio en la normativa que nos ocupa, sobre todo si se quiere seguir con la línea de perfeccionamiento que siempre ha tenido la legislación española en materia de prestaciones laborales y sociales desde su nacimiento. Y esa, y no otra, es la línea que se debe seguir para no dar ni un solo paso atrás, lo que sería incomprensible e imperdonable a estas alturas.

Del análisis de los dos extremos expuestos en el párrafo anterior, se puede sacar la conclusión de que cada colectivo tiene expectativas distintas, si un profesional de la medicina a los 65 años se encuentra en la cima de su carrera y le quedan aún varios años para desarrollar su trabajo en óptimas condiciones, lo cual beneficia más a la sociedad que a él mismo, y si es lo que él quiere lo lógico es que siga trabajando cuanto menos hasta los 70 años, y de paso hace un doble servicio a la sociedad porque aporta mayores cotizaciones a la Seguridad Social y por más tiempo, mientras sus pacientes se benefician de su experiencia y de su sabiduría. Eso sin contar con la labor docente que puede hacer con sus compañeros más jóvenes. ¿Por qué obligarlos a jubilarse a los 65 años entonces? Esta fue una medida que, sin duda, se tomó por razones presupuestarias y no de verdadero sentido de servicio público. Y que por tanto habría que reconsiderar.

Estos mismos planteamientos se pueden aplicar a otras profesiones en las que precisamente la experiencia es un valor en si misma, como los profesionales de cualquier ciencia que se dediquen a la investigación o a la docencia, especialistas financieros, economistas o funcionarios pertenecientes a colectivos cuyos estatutos o convenios no contemplan la obligatoriedad de la jubilación a una edad determinada, o establecen como tope los 70 años, dejando a la libre voluntad del trabajador el fin de su vida laboral.

El único obstáculo que suele cruzarse en este camino es el propio cansancio que la edad presenta, por lo que una de las mejores opciones sería la jubilación gradual y flexible entre los 65 y los 70 años, pudiendo así adaptarse el trabajador al nuevo estado compartiendo trabajo y pensión en los porcentajes proporcionales de tiempo y cuantía que se establecieran.

Otra opción posible sería aquella en la que una vez alcanzados los 35 años de cotización y cumplidos los 60 años de edad se pudiese jubilar parcialmente el trabajador accediendo a la jubilación plena obligatoriamente a los 70 años o voluntariamente a partir de los 65 años.

De las dos formas expuestas se conseguiría alargar la vida laboral activa, con la reducción elegida, y se compensaría el gasto de la pensión con la obtención de más cotizaciones, a la vez que se ofrecería la posibilidad de descansar a aquellas personas que han contribuido sobradamente al mantenimiento de un sistema de Seguridad Social muy bien pensado y que ha aportado gracias a empresarios y trabajadores una confianza en el futuro y un bienestar social que en la historia de este país nunca se había conocido.

No sería difícil llegar a los acuerdos necesarios con las fuerzas sociales y en el marco indispensable de Pacto de Toledo para modificar algunos aspectos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas Para la Consecución de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible, como puede ser suprimir la exoneración del pago de cuotas de los trabajadores que continúen trabajando después de los 65 años, eliminando este precepto se podría compensar parte del gasto como ha quedado expuesto anteriormente.

En el ámbito de la mencionada ley 35/2002, se podrían desarrollar nuevas formulas, que contemplando la compensación de gastos y partiendo de la exigencia de los 35 años de cotización se planteara la posibilidad de alargar la vida activa en los colectivos apropiados y para los trabajadores que voluntariamente lo decidieran.

Por el contrario se debería de rebajar la edad de jubilación para aquellos sectores cuyos trabajos son de naturaleza penosa con altos índices de siniestralidad laboral, en los que las condiciones de trabajo para el desarrollo de la actividad requieren un estado físico óptimo, que lógicamente una persona de más de 60 años no tiene. Por supuesto tratando de encontrar fuentes añadidas de financiación. Pero este tema merece un capitulo aparte y lo debemos dejar para que otros aporten ideas, de forma que entre unos y otros consigamos mantener un sistema justo de previsión social, en el que tengan cabida tantas peculiaridades como la misma sociedad tiene.

Continuaremos analizando posibilidades porque el asunto requiere un esfuerzo.

Del Foro Intergeneracional

De esa revista Digital me pidieron que le escribiera algo, y les mandé esto.Lo han publicado en su edición de Junio de 2009

Envejecimiento y pensiones

Reflexionar sobre el futuro de las pensiones en estos momentos de crisis, es, cuando menos, arriesgado. Seria fácil adherirse al coro de agoreros, que en ésta espiral de pesimismo asustan con sus vaticinios a una población muy sensible ante este asunto, pero difícilmente se solucionaran las cosas si no ponemos un poco de sensatez en el ambiente y empezamos a confiar en que las cosas tienen que cambiar de sentido, y que algún día comenzará el sistema económico a recuperarse, con otras formulas o con las mismas, porque hay muchas personas ocupándose de ello y más tarde o más temprano acertarán con el remedio y comenzará la recuperación.

Agradezco la oportunidad que el foro me brinda para tratar de infundir tranquilidad, en la medida de lo posible, tanto a esas personas que están cerca de terminar su trayectoria laboral y temen que se vengan abajo las expectativas de bienestar y descanso que han ido atesorando durante tanto tiempo, como a esos hombres y mujeres que ya disfrutan de su pensión y que, un día si y otro también, son advertidos del peligro que corren sus pensiones.

A los primeros les quiero indicar que cualquier cambio en la legislación relativa a las pensiones, tiene que hacerse bajo el marco del Pacto de Toledo y por tanto con la garantía que resulta de contar con el consenso necesario entre los partidos políticos y las fuerzas sociales, sindicatos y asociaciones empresariales, y hacerles saber que los cambios nunca son radicales y las reformas se introducen de forma gradual y paulatina, adaptando un tiempo para que las nuevas normas entren en vigor. A los segundos, los que ya están cobrando sus pensiones, que deben estar tranquilos, sus pensiones están garantizadas, puede que suban menos, pero siempre las cobraran. No es la primera vez que hay una crisis, ni será la última, y siempre se han pagado las pensiones. Financiadas de una forma o de otra, pero siempre se han pagado las pensiones.

Aunque se hayan perdido un millón de puestos de trabajo, no es la primera vez que ha habido cuatro millones y medio de personas en paro, pero si es la primera vez que esta circunstancia se ha dado con dieciocho millones y medio de personas cotizando a la Seguridad Social. También es la primera vez que se afronta un descenso de la economía contando con un Fondo de Reserva, en el año 2003 cuando se creó ese Fondo, había dieciséis millones y medio de cotizantes, y ahora después de perder más de un millón, todavía hay dieciocho millones y medio de personas empleadas.

Es cierto que la población ha envejecido, porque vivimos más años y porque hemos tenido menos hijos, pero se han incorporado las mujeres al mercado laboral y en los últimos años la inmigración ha suplido la falta de mano de obra producida por el cambio demográfico y cultural, lo que ha hecho que haya más cotizantes a la Seguridad Social que nunca. Hay mucho que agradecer a los inmigrantes.

He sido funcionaria de la Seguridad Social durante los últimos treinta y seis años, y he visto las crisis sucesivas y las distintas reformas del sistema, y créanme siempre se han pagado las prestaciones, y esas reformas siempre han sido destinadas a cubrir las necesidades de los usuarios y a redistribuir los recursos de la forma más amplia posible, preocuparse en exceso es innecesario, es mejor que cada uno siga con sus costumbres, no frenemos el consumo, que personas más sabias buscaran soluciones con toda seguridad.

Para el Foro Intergeneracional, Granada a 10 de junio de 2009

María del Mar Vida Arredondo