Las Medidas

Con conocimiento de causa puedo decir que es sumamente grave el hecho de que el Gobierno actual haya pensado en reducir el gasto partiendo de la reducción de los sueldos de los funcionarios y congelando las pensiones. Y no solo es grave por la pérdida de poder adquisitivo que supone a ambos colectivos, sino porque se crea así un peligroso precedente de desprecio a los derechos adquiridos que nos deja a todos desprotegidos, digo todos porque, más tarde o más temprano, pensionistas podemos ser todos.

En los últimos treinta y cinco años todos los gobiernos han ahorrado en los sueldos de los funcionarios, unas veces por unos motivos y otras por otros, han congelando sus sueldos los gobiernos de la UCD, del PSOE y los del PP. Para igualar categorías o para unificar colectivos, o por cualquier excusa, siempre se ha recurrido al mismo bolsillo. Los sindicatos han hecho sus esfuerzos para tratar de impedirlo, pero nunca han tenido mucho éxito .Así se ha llegado a la realidad actual en la que el funcionario, aunque tiene el privilegio de tener un trabajo estable, es uno de los trabajadores peor pagados del panorama laboral. Una cosa por otra.

Pero, a pesar de todo esto, nunca se ha llegado a la tropelía de rebajar el sueldo base y la antigüedad de un trabajador de la función pública, esto es un ataque frontal a la garantía de los derechos de las personas, y los sindicatos tienen su ocasión de oro para demostrar para quien trabajan, si no lo han hecho antes, ya pueden hacerlo ahora.

La gravedad de la medida llega a términos peligrosos en el caso de la congelación de las pensiones, que desde el año 1956 se han venido revalorizando regularmente, alcanzando nivel de obligatoriedad a partir de la Ley General de la Seguridad Social ( Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 junio), que en su articulo 48 establece la revalorización anual de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo acumulado en cada ejercicio anual, para garantizar la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.

Es lamentable que un gobierno socialista haya propuesto una medida como esa, que destruye el principio de garantía otorgado por la norma legal mencionada. Confiemos en que los sindicatos y demás fuerzas sociales se organicen bien para impedirlo, recurriendo a los tribunales, a la calle o a lo que haga falta, porque se corre un riesgo impensable hasta ahora legitimando una medida que nos deja desprotegidos a los ciudadanos ante todos los gobiernos futuros.

Se van a ir, porque después de esto se van a ir, dejándonos a los pies de los caballos y con el culo al aire. Peor imposible.